El gobierno federal, representado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), emitió un posicionamiento institucional negando cualquier justificación para el incremento en el precio de la tortilla. Para sostener esta afirmación, las dependencias iniciaron auditorías de precios en 600 tortillerías a través del programa «Quién es Quién en los Precios».
La postura oficial contrasta con la documentación de costos que reportan las organizaciones del sector de la masa y la tortilla. Mientras la Sader asegura que el precio del maíz blanco al productor se mantiene sin alteraciones significativas, los propietarios de los molinos señalan que la rentabilidad de sus negocios se ha comprimido debido a factores ajenos a la materia prima.
Representantes de diversas agrupaciones de tortilleros en el país indican que, si bien el costo del grano es estable, los gastos operativos han experimentado variaciones. Los aumentos escalonados en las tarifas de energía eléctrica comercial, el precio del gas LP utilizado en los hornos y el mantenimiento de la maquinaria industrial conforman una presión financiera directa sobre el precio final al mostrador.
La Profeco ha respondido a estas afirmaciones señalando que los márgenes de utilidad actuales de los establecimientos son suficientes para absorber dichas variaciones sin trasladar el costo al consumidor. La dependencia ha advertido que el cruce de datos financieros recabados en los 600 locales servirá como evidencia técnica para refutar cualquier intento de aumento coordinado por parte de las asociaciones gremiales.
Por su parte, los consumidores en los mercados locales registran experiencias divididas. En los puntos de venta inspeccionados, el precio se ha mantenido en el rango oficial, pero en zonas periféricas no cubiertas por el muestreo de Profeco, algunos usuarios reportan ajustes marginales de entre 50 centavos y un peso por kilogramo.
La cadena de suministro agrícola también aporta datos a la ecuación. Los productores primarios de maíz en estados como Sinaloa y Jalisco han solicitado a las autoridades que la vigilancia no se limite a las tortillerías, sino que se extienda a las grandes empresas acaparadoras de grano, argumentando que son estas corporaciones las que dictan los precios de compra y venta en el mercado mayorista.
El choque de narrativas entre el discurso de estabilidad del gobierno federal y las advertencias financieras de los dueños de tortillerías perfila una renegociación técnica en las próximas semanas. El monitoreo sobre los 600 establecimientos dictará los parámetros con los cuales Profeco y las cámaras de comercio del sector de la masa definirán las políticas de precios para el resto del trimestre.